Las airadas protestas contra la ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés) continúan estremeciendo la Isla del Encanto, después que Washington reafirmó su condición de metrópoli en pleno siglo XXI.
Sin el menor respeto a la soberanía y los derechos esenciales de los puertorriqueños, Washington se toma el derecho de dictar una junta de siete miembros, designados por el Congreso y la Casa Blanca, que tendrá un poder absoluto sobre las autoridades y las instituciones de la isla, enfatizando el carácter colonial del Estado Libre Asociado (ELA), establecido en 1952.
Cuarenta y cuatro años después de emitirse la primera resolución del Comité de Descolonización de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a favor de la libre determinación e independencia de Puerto Rico, con la ley Promesa, Estados Unidos sigue coartando las libertades políticas y económicas de la isla borinqueña.
Engendro al desnudo
El presidente Barack Obama hizo efectiva con su firma esta ley el pasado 30 de junio, y a su vez, desenmascaró el estatus colonial que Washington mantiene sobre el pueblo puertorriqueño, contraviniendo los postulados internacionales contra el coloniaje, después que en 1953 la isla caribeña quedara excluida del listado de territorios coloniales, cuando se adoptó el engendro del ELA.
Poco más de un siglo —118 años— de dominación norteamericana, dejó en Puerto Rico tristes huellas de pobreza, desempleo y una creciente insolvencia financiera, que se une a una recesión paralizante del desarrollo económico y una deuda pública impagable, superior a los 70 000 millones de dólares. Todo esto, condujo a la sociedad boricua a una crisis sin precedentes y a devastadoras consecuencias para la población, y como respuesta, Washington impuso una junta de supervisión fiscal, reafirmando la condición solapada de colonia mantenida hasta hoy, en lugar de abrir un proceso que permita ejercer la libre determinación y adoptar medidas soberanas para encontrar soluciones a los conflictos internos.
No existen dudas que el único propósito de la Ley Promesa es garantizar el pago de una deuda pública de más de 70.000 millones a Wall Street y a los fondos buitres, por lo que se espera que su aplicación se traduzca en más miseria para el puertorriqueño de a pie.
Tampoco es un secreto que la imposición de esta junta fiscal provocará severos resentimientos en el seno de la sociedad boricua, generará fuertes protestas populares, y sobre todo, exacerbará aún más el sentimiento independentista en la Isla del Encanto, el último reducto colonial en Latinoamérica.
