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Por: Anah\u00ed Durand. Soci\u00f3loga, docente de la UNMSM<\/p>\n
Se cumple un mes desde que Dina Boluarte, los partidos de derecha que perdieron las elecciones, poderes econ\u00f3micos y fuerzas armadas, instalaron a sangre y fuego un r\u00e9gimen c\u00edvico militar avalado por la Fiscal\u00eda y la embajada de los Estados Unidos.<\/p>\n
Vivimos una arremetida autoritaria que empez\u00f3 a cocinarse antes que Castillo asumiera la presidencia y busca cerrar con violencia la crisis de r\u00e9gimen expresada con mayor nitidez los \u00faltimos seis a\u00f1os. Los grupos de poder han decidido que es tiempo de terminar con las aspiraciones levantiscas de un pueblo que pide cambios y se atrevi\u00f3 a elegir un presidente como ellos para realizarlos. El plan restaurador est\u00e1 en marcha; cuentan con una presidenta t\u00edtere que da cobertura legal y un Congreso dispuesto a promulgar leyes abominables para copar el Estado. Tienen unas fuerzas armadas dispuestas a masacrar civiles, una Fiscal\u00eda que investiga por terrorismo a quien incomode y grandes medios de comunicaci\u00f3n manipulando la realidad.<\/p>\n
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Pero un elemento escap\u00f3 a sus c\u00e1lculos: el pueblo excluido al que miraban con desprecio y creyeron acatar\u00eda sumisamente sus designios, se moviliza desde el primer d\u00eda con una plataforma clara: renuncia de Dina Boluarte, cierre del Congreso, una nueva Constituci\u00f3n y libertad a Pedro Castillo. La respuesta del poder ha sido brutal y suma hasta hoy 48 peruanos asesinados, cientos de heridos y detenidos. Pero la protesta no decae y, especialmente en el sur del pa\u00eds, el pueblo no ha dejado de movilizarse. La disputa por definir la salida a la crisis sigue abierta y es importante analizar dos vectores decisivos en la correlaci\u00f3n de fuerzas. De un lado quienes componen la coalici\u00f3n que gobierna y busca cerrar la crisis de r\u00e9gimen autoritariamente, de otro lado, c\u00f3mo se configura la movilizaci\u00f3n popular que podr\u00eda concretar una salida democr\u00e1tica sostenida en una nueva constituci\u00f3n. El desenlace es incierto\u2026por ahora.<\/p>\n
La coalici\u00f3n que gobierna: restauraci\u00f3n autoritaria y mafiosa<\/strong><\/p>\n Desde el 2001 con la transici\u00f3n inconclusa y con mayor fuerza desde el 2016 cuando el Fujimorismo logr\u00f3 hiper mayor\u00eda parlamentaria, el pa\u00eds vive un grave deterioro democr\u00e1tico. El Congreso concentra mayor poder abusando de figuras como la \u201cvacancia por incapacidad moral\u201d para destituir presidentes y cerrando canales de participaci\u00f3n ciudadana como el refer\u00e9ndum. La Fiscal\u00eda y el Poder Judicial han adquirido protagonismo pol\u00edtico orientando sus investigaciones a los adversarios de la derecha mientras las Fuerzas Armadas y Policiales tienen cada vez m\u00e1s acci\u00f3n y opini\u00f3n deliberante. En esta l\u00ednea autoritaria se inscribe la coalici\u00f3n que trabaj\u00f3 activamente por la destituci\u00f3n de Castillo y hoy sostiene al r\u00e9gimen Boluarte.<\/p>\n Asumiendo que Dina Boluarte es apenas la cara legal del r\u00e9gimen, el primer anillo del poder lo tiene el Congreso y m\u00e1s concretamente los partidos de derecha que perdieron las elecciones. El Fujimorismo, Renovaci\u00f3n Popular y Avanza Pa\u00eds son el bloque reaccionario que ha llevado la batuta en toda la crisis diluyendo al centro pol\u00edtico al punto de someter a Acci\u00f3n Popular y Alianza para el Progreso. Fueron los que inventaron el fraude electoral y los que presentaron las tres mociones de vacancia contra Castillo. Hoy tienen su cuota de ministerios en el ejecutivo y respaldan la cruenta represi\u00f3n tal como se demostr\u00f3 cuando entregaron el voto de investidura al gabinete Otarola, pese a los 18 asesinados en la jornada sangrienta de Juliaca el d\u00eda anterior.<\/p>\n Desde el Parlamento, estos partidos impulsan una peligrosa \u201creforma pol\u00edtica\u201d manipulando la legalidad y violentando la Constituci\u00f3n con el fin de perpetuarse en el poder y asegurarse no perder otra vez la presidencia. Para ello, pretenden cambiar a los jefes de los organismos electorales Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y Jurado Nacional de Elecciones. El principio de separaci\u00f3n de poderes no existe y lo demuestra el Proyecto de Ley seg\u00fan el cual cuando Dina Boluarte sale al extranjero el presidente del Congreso quedar\u00eda como presidente. No se esmeran en guardar las formas y no es seguro todav\u00eda que confirmen en segunda votaci\u00f3n el adelanto de elecciones para abril del 2024<\/p>\n Otro actor fundamental en esta coalici\u00f3n son los grupos de poder econ\u00f3mico que asoman luego del susto. Si bien durante el gobierno de Castillo no tuvieron grandes p\u00e9rdidas, la relaci\u00f3n fue tensa, signada por la profunda desconfianza y un expl\u00edcito clasismo y racismo. Hoy la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Miner\u00eda, el Gremio de Agroexportadores entre otros retoman el canal con el ejecutivo y despachan directamente con Boluarte. Adem\u00e1s, durante el 2024 se renovar\u00e1n importantes concesiones mineras y petroleras, por lo que han aceitado los lobbys en el Congreso y no les interesa el adelanto de elecciones para el 2023. La oligarqu\u00eda lime\u00f1a tradicional junto a los aspiracionales emergentes como Cesar Acu\u00f1a, creen tener nuevamente el control del Estado para sus negocios y no est\u00e1n dispuestos a perderlo f\u00e1cilmente.<\/p>\n Las fuerzas armadas y policiales son otro poder importante en esta coyuntura. Luego del conflicto armado y las graves violaciones a los derechos humanos que implicaron a mandos policiales y militares, se pens\u00f3 que los \u00f3rganos coercitivos no tendr\u00edan protagonismo pol\u00edtico. Sin embargo, hoy vemos a generales del ej\u00e9rcito y la polic\u00eda con una vocer\u00eda pol\u00edtica inusitada, justificando la cruenta represi\u00f3n bajo el argumento de que las protestas participan delincuentes y terroristas financiados por el narcotr\u00e1fico y la miner\u00eda ilegal. Finalmente, se cuenta a la Fiscal\u00eda y al Poder Judicial muy activos para la destituci\u00f3n de Castillo y cercanos a Boluarte al punto que el primer gabinete estuvo presidido por Pedro Angulo, cercano a la fiscal Benavides. Luego de una semana, tras los primeros 20 asesinados en las protestas, Angulo fue destituido, pero r\u00e1pidamente asumi\u00f3 como jefe de asesores del Poder Judicial. La fiscal\u00eda ha sido r\u00e1pida para judicializar y criminalizar la protesta abriendo fiscal\u00edas especializadas en delitos de terrorismo con el claro fin de encausar a l\u00edderes y autoridades opositoras.<\/p>\n En suma, gobierna el pa\u00eds un entramado de poderes conservadores articulados desde sus propios intereses para lograr un fin com\u00fan; retomar el poder que sintieron perder por diecis\u00e9is meses y asegurarse de no soltarlo. El r\u00e9gimen de Boluarte no es un simple gobierno de transici\u00f3n es una ofensiva restauradora orientada a cerrar la crisis de forma autoritaria y mafiosa, disparando contra la poblaci\u00f3n y ama\u00f1ando poderes electorales para perpetuarse y mantener sus privilegios. No es seguro todav\u00eda que se realicen elecciones el 2024 y si las hay tampoco es seguro que existan garant\u00edas de participaci\u00f3n para las fuerzas populares, de izquierda o progresistas. La arremetida dictatorial est\u00e1 en marcha y se impone a plomazos. As\u00ed funciona la derecha en el Per\u00fa, muestra su lado sangriento cuando la democracia no le favorece. As\u00ed actuaron en 1992 con el autogolpe de Alberto Fujimori imponiendo un modelo y una Constituci\u00f3n que hoy quieren salvar a toda costa, aunque signifique mayor violencia y divisi\u00f3n entre peruanos.<\/p>\n Movilizaci\u00f3n popular: Momento constituyente y representaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n El autogolpe de 1992 signific\u00f3 en Per\u00fa la imposici\u00f3n del neoliberalismo como un r\u00e9gimen econ\u00f3mico que prioriza el libre mercado, como un r\u00e9gimen pol\u00edtico que organiza una gobernabilidad tecnocr\u00e1tica supuestamente despolitizada y tambi\u00e9n como un modelo de sociedad donde se impone el individualismo por sobre los v\u00ednculos comunitarios. En tal sentido, cada cual hace su propio sendero y es responsabilidad personal triunfar en un mundo hostil, encubriendo la precariedad del trabajador informal con el discurso de \u201cemprendedores\u201d. En un pa\u00eds impactado por el conflicto armado, la hiper inflaci\u00f3n y el clientelismo fujimorista, este modelo de sociedad se expandi\u00f3 especialmente en Lima y las grandes ciudades. El repliegue de las izquierdas y el ajuste estructural que deterior\u00f3 la vida influy\u00f3 en una creciente despolitizaci\u00f3n. Durante la transici\u00f3n del 2001 fueron las ONGS y la iglesia las que asumieron la vocer\u00eda de la \u201csociedad civil\u201d orientando una agenda reformista que, entre otras cosas, neg\u00f3 la demanda de cambio de Constituci\u00f3n.<\/p>\n Del 2001 en adelante, las protestas en Per\u00fa se activaron en torno a demandas vinculadas al modelo econ\u00f3mico extractivo, gremiales o de infraestructura. Los sindicatos se movilizaron por derechos laborales, los productores cocaleros contra la erradicaci\u00f3n de cultivos, los movimientos ind\u00edgenas y campesinos contra la expansi\u00f3n de la industria minera o petrolera en sus territorios. Se trataban de protestas caracterizadas por la dispersi\u00f3n de agendas y desconexi\u00f3n territorial. Por ejemplo, las protestas contra la expansi\u00f3n minera en T\u00eda Mar\u00eda Arequipa no generaban una ola de movilizaci\u00f3n en otras zonas como Conga en Cajamarca y eran resueltas tras una negociaci\u00f3n con el Ministerio correspondiente. Estas luchas tampoco se encontraban conectadas a una plataforma pol\u00edtica antineoliberal pues, aunque cuestionaban ejes claves del modelo, no se enunciaban en dicho sentido.<\/p>\n Estos conflictos sociales encontraban un cauce pol\u00edtico en los procesos electorales. Sostenidamente estos sectores votaron a opciones de cambio que una vez en el gobierno traicionaron sus promesas. La pandemia reforz\u00f3 estas expectativas y 2021 el Per\u00fa excluido, informal y precarizado de maestros, mototaxistas, cocaleros, mineros informales vot\u00f3 por uno de los suyos. Los abiertos ataques de la derecha al gobierno de Castillo, cargados de clasismo y racismo, contribuyeron a la politizaci\u00f3n de estos sectores afirmando un nosotros colectivo antag\u00f3nico a la clase pol\u00edtica lime\u00f1a y tradicional. Tambi\u00e9n la acci\u00f3n del gobierno abon\u00f3 a la mayor conciencia pol\u00edtica de los sectores excluidos especialmente en el Per\u00fa rural. Los Gabinetes descentralizados, los constantes viajes de Castillo a provincias y sus multitudinarios m\u00edtines, generaron un v\u00ednculo entre pueblo y presidente, desplegando adem\u00e1s l\u00f3gicas consuetudinarias y comunitarias propias el mundo andino, sean las rondas o las comunidades ind\u00edgenas. La Asamblea decide y el presidente ejecuta.<\/p>\n Apenas destituido Pedro Castillo y juramentada Dina Boluarte, las protestas estallan con una magnitud inusitada abarcando pr\u00e1cticamente todo el pa\u00eds, aunque el epicentro es el sur andino. La masividad y cobertura territorial de las protestas sorprendi\u00f3 a la clase pol\u00edtica y la academia lo mismo que su plataforma netamente pol\u00edtica. Desde la sierra de Ayabaca en Piura hasta Juliaca en Puno, pasando por Pucalpa, Ayacucho y todo el sur, cientos de miles tomaron calles y plazas con una plataforma unificada: cierre congreso, nueva constituci\u00f3n, libertad a Castillo y renuncia de Dina Boluarte. El grupo que inici\u00f3 las protestas fue este n\u00facleo duro que vot\u00f3 y respald\u00f3 a Castillo, pero r\u00e1pidamente se expandi\u00f3 y lo sobrepas\u00f3. La respuesta del ejecutivo llevando a cabo una masacre no vista las \u00faltimas d\u00e9cadas con 49 asesinados, genera solidaridades y expanden el radio de la protesta. A un mes de instalado el nuevo r\u00e9gimen, salvo la tregua navide\u00f1a las protestas no se han detenido un solo d\u00eda, al contrario, se anuncian paralizaciones y marchas a Lima.<\/p>\n Esta politizaci\u00f3n del Per\u00fa rural y excluido es algo in\u00e9dito y est\u00e1 cambiando decisivamente la din\u00e1mica pol\u00edtica nacional, abriendo un momento de deliberaci\u00f3n colectiva en torno a los principales problemas pol\u00edticos. Hoy en las plazas de distritos y comunidades la gente se re\u00fane en Asamblea, discute sobre las acciones a tomar en la protesta y tambi\u00e9n sobre temas de exclusi\u00f3n hist\u00f3rica \u201cNo es el 7 de diciembre, son 200 a\u00f1os\u201d se escucha repetir en Andahuaylas o Juliaca y se abordan salidas de fondo. Una nueva Constituci\u00f3n escrita por una Asamblea Constituyente con representantes leg\u00edtimos del pueblo organizado es la salida que se abre paso desde los Andes y la Amazon\u00eda. Esta potencia que despliega el estallido irradia tambi\u00e9n las ciudades, llega por solidaridad, por paisanos asentados en Lima o el norte y puede ser finalmente lo que defina el escenario e incline la balanza a favor de un proceso constituyente.<\/p>\n El campo popular se moviliza, no retrocede ante la brutal represi\u00f3n, genera adhesiones y solidaridades, pero todo esto es a\u00fan insuficiente para dirimir una salida democr\u00e1tica y constituyente a la crisis. La falta de liderazgos legitimados de alcance nacional se mantiene, y la desconexi\u00f3n entre plataforma pol\u00edtico social e instrumento pol\u00edtico electoral tambi\u00e9n. Boluarte ha dicho que no renunciara y el pueblo que no dejara la protesta. La disputa sigue abierta, por ahora.<\/p>\n Fuente: lalineape.com Por: Anah\u00ed Durand. 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Publicado por AiSUR. Premio Nacional de Periodismo Necesario Anibal Nazoa 2020<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"